Hay emociones que se sienten con una intensidad profunda: son las que se arraigan en nuestras convicciones más íntimas, en esas ideas que nos constituyen y que hemos definido a lo largo de la vida. Para muchos, son las certezas éticas y políticas las que nos otorgan un lugar en el mundo y una voz propia cuyo eco viene desde tiempos lejanos.
Por eso, cuando escucho decir que todo lo hizo Gustavo Petro, o que él cambió por sí solo nuestra realidad política —un mesianismo que ya hemos visto en boca de otros personajes de la vida nacional—, siento que hay un profundo desconocimiento de la historia. Se ignoran las luchas colectivas que, desde tiempos de José Antonio Galán y los Comuneros, han acontecido en este territorio. Que las elecciones de 2022 hayan puesto a un hombre de izquierda en la presidencia de Colombia, y que este proceso busque continuarse en la figura de Iván Cepeda, no es un hecho aislado; demuestra la contundencia de un movimiento social que, desde comienzos del siglo XIX, batalla por el cambio hacia una sociedad más justa, incluyente y democrática.
A ese acumulado histórico le debemos los logros que hoy disfrutamos: la Constitución del 91, la Comisión de la Verdad, los avances en los derechos de las mujeres y de las minorías étnicas y de género. Desde la independencia camina una propuesta de Nación que ha avanzado a pesar de las taras coloniales y eurocéntricas que arrastramos, como el clasismo, el racismo, la misoginia y la homofobia.
La fractura del proyecto de Nación
Sin embargo, ese proyecto histórico se enfrentó a su prueba más dura a partir de los años setenta, tras la malograda guerra de Vietnam, con la llegada del narcotráfico. Desde el gobierno de Julio César Turbay hasta la actualidad, la penetración ladina del poder mafioso capturó las instancias públicas y privadas, las iglesias, los colegios y las empresas, incluso las organizaciones sociales y partidos también de izquierda. No quedó rincón inmune a esa «incultura» que se dedicó a destruir los valores republicanos y civilizatorios, ofreciendo a cambio una vía rápida y efectiva para salir de la pobreza sin necesidad de palancas, estudios ni normas.
Esa cultura mafiosa, sin reglas ni principios, ya opera como una matriz de pensamiento. No nos gusta, pero es una cultura que ha colonizado la mente de la mayoría de la población. Mientras las élites se frotan las manos porque esta anomia les permite agrandar su riqueza, un sector masivo defiende con vehemencia un modelo donde los derechos humanos son un embeleco y la igualdad social no es deseable. Se reactiva así el viejo fantasma del comunismo, administrado por las oligarquías tal como en el siglo XV se decía que las mujeres éramos demonios o que los indígenas no tenían alma.
El espejo de la clase media y la evasión profesional
En medio de esto, nuestra clase media padece de un hondo arribismo: busca aparentar una opulencia que no tiene y mide el estatus por el color de la piel, intentando ocultar su origen popular y mestizo. Paradójicamente, esta clase surgió en el siglo XX gracias a las reformas liberales de los años treinta con Alfonso López Pumarejo. Pero al no guardar la memoria de sus antepasados, carece de referentes; solo reconoce la historia de quienes bajaron de los barcos para convertirse en amos.
Esta clase emula los valores de las élites a costa de lo que sea, esforzándose al límite para aparentar lo que nunca será. Porque la distancia entre tener privilegios y tener derechos es inconmensurable: las élites jamás aceptarán a los advenedizos como sus iguales.
El síntoma más perverso de esta descomposición se observa hoy en los estratos profesionales de esta clase media-alta. Médicos, abogados y especialistas exigen con total desparpajo que sus honorarios se paguen en efectivo para evadir impuestos y ocultar sus ingresos. No son personas vulnerables; son privilegiados con educación superior que actúan bajo la misma lógica mafiosa de saltarse la norma en beneficio propio.
El pragmatismo popular y la nueva barbarie
Por su parte, en los sectores populares el fenómeno es igual de sintomático, pero desprovisto de disfraces: para muchos, el Estado de Derecho ya no significa nada. Al contrario, la anomia se ha convertido en su hábitat natural. En ese vacío prospera una economía que les funciona: desde el microtráfico hasta los emprendimientos informales. La falta de regulación se vive como una ventaja táctica para mover dinero sin el freno de la burocracia estatal. Para este pragmatismo, la legalidad es una trampa que empobrece; la informalidad, la única garantía de subsistencia.
Las historias que ilustran este colapso ético se escuchan todos los días en las calles. Hace unos años, cuando ejercía como profesora de secundaria y hablábamos sobre el concepto del héroe que surge de la nada para gobernar su ciudad, un estudiante de catorce años me interrumpió con firmeza: «Mi ejemplo de héroe es Pablo Escobar, yo quiero ser como él». Recientemente, una amiga me contaba que su hijo, un joven brillante, votó entusiasmado por la derecha radical de Abelardo de la Espriella, deslumbrado por el negocio rápido, el bitcoin y la promesa de enriquecerse sin reglas, repitiendo el discurso de que la igualdad es un absurdo y que los pobres son «vagos que quieren vivir de subsidios». Ayer mismo, un señor a quien estimo me confesaba su horror ante la igualdad social: «La chusma tiene que estar en su lugar y no acceder a los mismos derechos de las personas de mejor clase».
Intentar comprender este fenómeno me ha ocupado mucho tiempo. ¿Cómo es posible que seamos racistas y clasistas en un país de mestizos que venimos de abajo? Según datos de la CEPAL, una familia necesita hasta once generaciones para superar la pobreza; es decir, la inmensa mayoría de los colombianos que hoy votan pertenecen a estirpes que han logrado salir adelante a pulso y contra corriente.
Sin embargo, las fuerzas del poder social y político son formidables. Han logrado manipular a una ciudadanía incauta que cree que el consumo rápido y el emprendimiento sin reglas equivalen al éxito. El diagnóstico, por tanto, es desolador: el tejido social está roto por arriba y por abajo. El desafío ya no es solo vencer el relato de las élites tradicionales, sino comprender que las reglas del juego democrático perdieron legitimidad en todos los niveles. Reconstruir un pacto colectivo sobre un suelo éticamente quebrado es la tarea más urgente de nuestro tiempo, si es que queremos detener esta nueva forma de barbarie.
Cali, 17 de junio de 2026
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